El doble aislamiento de las detenidas en plena pandemia del coronavirus

Un articulo de Pagina12 de Sonia Tesa

Miles de mujeres privadas de su libertad ven vulnerados muchos de sus derechos, como por ejemplo, el de obtener la prisión domiciliaria si tienen hijos pequeños. La crisis sanitaria agrava una situación estructural que encuentra en cada penal a más procesadas que condenadas, y con mayoría de presas por narcomenudeo

Silvana está presa en la Unidad Penitenciaria 46, de San Martín. Le pidió a su suegra una máquina de coser, que ya llegó a la cárcel. Está esperando que se la entreguen para comenzar a coser barbijos de friselina junto a sus compañeras. Con la pandemia, las visitas se suspendieron, y si bien pueden recibir paquetes, el traslado implica para les familiares contar con un permiso de circulación, además de correr el riesgo de contagio, y son quienes están a cargo de les hijes de las presas. En estos días que mucha gente descubrió lo difícil que es estar encerrada, las mujeres detenidas sufren un doble aislamiento. “Las compañeras se sienten, la mayoría todas nos sentimos como abandonadas, como olvidadas, si bien estamos cumpliendo una condena por el delito que sea, nosotras somos personas, seres humanos y tenemos derechos. Siempre estoy luchando porque se visibilice el no acceso a los derechos que tenemos como mujeres. Acá no contamos con sanidad, si tenemos algo nos dicen que tomemos lo que tenemos. Ni siquiera salimos a sanidad. Ese es un problema que viene de arrastre, y no solamente en esta unidad”, cuenta Silvana a través del celular que ahora puede tener, tras una medida del Tribunal de Casación Penal bonaerense, para que durante el aislamiento no pierdan el contacto con sus afectos. Esa autorización no se replicó en provincias como Santa Fe o Córdoba.

“Ningún preso en este país vive de lo que el estado le da, y menos aun en la provincia de Buenos Aires. No alcanza lo alimentario ni el medicamento, ni los productos de limpieza. Siempre la visita es la que permite el acceso a esos recursos, para hacer la vida más o menos sostenible. Eso es anterior a la pandemia, como también que las mujeres reciben menos visitas, y en general son de mujeres también, de sus madres y sus hermanas que les traen esas cuestiones, además de cuidar a sus hijos”, enmarca Andrea Lombraña, que integra el Centro Universitario de San Martín y es investigadora del CONICET. Por su contacto con las detenidas, contó que “este momento la gran preocupación que tienen es que las mujeres que están a cargo del cuidado de sus hijos son mujeres grandes, en general, con la salud muy deteriorada, de grupos de riesgo, y no quieren que salgan a la calle. Por eso han sido las primeras en renunciar a las visitas”.

En la provincia de Buenos Aires, a disposición del Servicio Penitenciario provincial, hay alrededor de 2500 detenidas. En todas las provincias, con sus diferencias, las detenidas sufren una doble discriminación. En Córdoba, el Establecimiento Penitenciario número 3, que es el más grande de la provincia, cuenta con unas 400 internas, aunque su capacidad es para 300. El año pasado, tras dos muertes dudosas, la unidad fue intervenida. Había denuncias por torturas. Por eso, hoy la negativa del Servicio Penitenciario de Córdoba a dejar entrar celulares se relaciona con la posibilidad de documentar las condiciones de detención, violatorias de los derechos humanos. El 80 por ciento de las internas, en marzo de 2019, eran procesadas sin condena. En todo el país, alrededor del 50 por ciento de las detenidas están cumpliendo prisión preventiva sin condena firme, una situación que debiera ser excepcional. En Córdoba existe el Programa Universitario en Cárceles, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, pero sus integrantes, en épocas de aislamiento preventivo y obligatorio, tampoco están yendo al penal.

Una constante es gran cantidad de detenidas por narcomenudeo. “La mayor parte está por primera vez, y hay muchas mujeres de edad avanzada. Esto es producto de lo que pasa en los barrios, ya que una de las salidas laborales es vender droga en sus manzanas. Y eso se notó muchísimo, en los últimos años, como producto de la crisis económica, a la que se sumó un estado que comenzó a perseguir de manera obsesiva ese tipo de delitos, diciendo que luchaba contra el narcotráfico lo que hizo fue ir a buscar al primero y más débil eslabón de la cadena, y ha habido prisiones masivas y prisiones preventivas. Mayoritariamente estamos hablando de este eslabón de mujeres de los barrios”, señala Lombroña.

En Rosario, la Unidad Penitenciaria número 5 cuenta con detenidas a disposición de la justicia provincial y federal. “Las demandas y las necesidades que ahora se ven amplificadas por esta situación del avance de la pandemia y la declaración del aislamiento son todas problemáticas a nivel estructural que vienen de antes. Este contexto viene a agravarlas”, cuenta Maia Giancarelli, integrante del colectivo La Bemba del Sur, que trabaja en el penal de Rosario. En esa cárcel, habilitada en julio de 2018, el 10 de marzo, en un total de 155 detenidas, había 95 procesadas y 70 condenadas. “Es mucho más la cantidad de mujeres sin condena”, subraya Rocío de Zabaleta, también de La Bemba del Sur.

La atención de la salud de las detenidas es un tema candente en todas las cárceles. En Catamarca, la cárcel de mujeres aloja a unas 15 detenidas. “Es una población pequeña y la atención de la salud muchas veces tiene que esperar, porque las trasladan al penal de varones, ellas no tienen una sala. Hay mujeres con diabetes, a las que no se les da la medicación necesaria. La mayor parte del presupuesto va al penal de varones”, sostiene Brenda Hidalgo, becaria doctoral de Conicet y coordinadora del Programa de Extensión Universitario en Contextos de Encierro de la Universidad Nacional de Catamarca.

Una demanda urgente es la prisión domiciliaria para las mujeres madres, que son unas 200 en todo el país. Lo que pasa en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de la ciudad de Santa Fe se replica en todo el país. “Con respecto a la población de mujeres privadas de su libertad en Santa Fe, muchas de ellas están en condiciones de ser beneficiadas con la prisión domiciliaria desde antes de esta declaración de emergencia sanitaria y sin embargo diferentes trabas burocráticas y judiciales han contribuido en su permanencia en la unidad penitenciaria”, expresaron desde el Colectivo de talleristas y activistas en contextos de encierro de Santa Fe.

El miedo a la pandemia se cuela más allá de las visitas. “La mayoría se encuentra abocada a tareas solidarias enmarcadas en un taller del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) para la fabricación de barbijos y chaquetas. Sin embargo, las emociones y tensiones se profundizan en este contexto de emergencia que agrava la incomunicación y angustia”, cuentan desde el Colectivo santafesino.

En palabras de Silvana esto queda transparente. “Desde el día 1 que el estado decretó la cuarentena obligatoria, nosotras la única información que teníamos era lo que veíamos televisión, al quinto día vino la jefa de la unidad a comunicarnos que se había hecho una celda de aislamiento por un posible caso de coronavirus y nos trajo cinco litros de cloro”, relata. La pregunta sobre cómo recibirán atención médica en esa situación las sobrevuela. Y también, la necesidad de tramitarlo. “No tenemos contención, hay una psicóloga en el penal, pero no atiende a nadie”, asegura Silvana. 

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